Favorecer la reinserción social de quienes han cometido delitos es uno de los componentes centrales de una política penitenciaria integral. El presente documento es fruto de un proceso de participación y concertación entre diversos actores, públicos y privados, que participan en el diseño, planificación e implementación de acciones y programas encaminados a la reinserción social. Este documento, elaborado por la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, da a conocer la Política Pública de Reinserción Social, que constituye un avance fundamental para construir una hoja de ruta que guíe las acciones que el Estado debe desarrollar para lograr la reinserción social de todas aquellas personas que han sido condenadas. El texto se estructura en cinco capítulos. En el primero, de Antecedentes, se da una mirada al contexto de la reinserción social y de las personas atendidas por Gendarmería y a la forma cómo la reinserción se relaciona con la seguridad pública. El capítulo segundo, desarrolla el concepto de reinserción social, el ámbito de acción de la política y cómo a través de ésta se posibilita la reintegración efectiva de las personas que han infringido la ley. En el capítulo tercero, se presentan los enfoques de la política, poniendo énfasis en que todas las medidas y acciones desarrolladas a su alero, deben realizarse bajo un respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas condenadas, contar con una mirada de género y ser producto de un proceso participativo entre los diversos actores involucrados. El capítulo cuarto está dedicado al análisis y fundamentación de cada uno de los ámbitos de acción de la política, considerando el trabajo que ha desarrollado el Comité Asesor para la Reinserción Social. Esto releva lo que la evidencia ha señalado como factores que permiten y facilitan la reinserción social. Por último, el capítulo quinto describe las condiciones que deben verificarse para que esta Política sea exitosa, siendo fundamental el contar con un sistema de gobernanza moderno, que permita la adecuada interacción entre los participantes, ya sea entidades públicas o privadas. Asimismo, se releva la importancia de establecer mecanismos de monitoreo y evaluación periódicos y considerar aquellos aspectos que requieren financiamiento, ya sea por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como de otras instituciones públicas
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